LA VIOLENCIA PATRIMONIAL, UNO DE TANTOS
EJEMPLOS.
Escribo esto porque es un tema que veo a
diario, escucho y me molesta enormemente; es más, me irrita. Veamos:
Empiezo por decirles que Costa Rica es uno de
los países latinoamericanos y del mundo que más protege y tutela los derechos de
las personas adultas mayores. No obstante, pese a que contamos con instrumentos
eficaces y eficientes que el ordenamiento jurídico otorga, la sociedad está en
deuda con el respeto a esos derechos, especialmente a la voluntad. Voy a hablar
de eso más adelante porque es el objetivo de este artículo.
Pero primero veamos el marco legal que tenemos:
La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor,
N° 7935, en su artículo 2, nos dice: Persona adulta mayor: Es toda
persona de sesenta y cinco años o más, y toda persona con síndrome de Down
mayor de cuarenta años.
Sin embargo, socialmente aceptado es que, todas
las personas mayores de 60 años son titulares de los derechos humanos
reconocidos en convenios y declaraciones de Derechos Humanos a nivel
internacional que muchas naciones y que la nuestra han suscrito.
En nuestro país, como lo dije al inicio, la
tutela incluso es multidisciplinaria a través de la institucionalidad estatal
que vela por esos derechos como lo son: el
CONAPAN, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial, Ministerio de
Salud, la CCSS, la Procuraduría General de la República, y el Estado en sí a través
de distintos programas en pro de la tutela y cuido de los adultos mayores.
La Ley indica - clara y puntualmente - los múltiples
derechos que las personas adultas mayores tienen como parte esencial de la
sociedad a la que muchas veces la misma discrimina. Por ejemplo, en cuanto a
los derechos para mejorar la calidad de vida: “Toda persona adulta mayor tendrá
derecho a una mejor calidad de vida, mediante la creación y ejecución de programas
que promuevan”:
a) El acceso a la educación, en cualquiera de
sus niveles, y a la preparación adecuada para la jubilación.
b) La participación en actividades
recreativas, culturales y deportivas promovidas por las organizaciones, las
asociaciones, las municipalidades y el Estado.
c) La vivienda digna, apta para sus
necesidades, y que le garantice habitar en entornos seguros y adaptables.
d) El acceso al crédito que otorgan las
entidades financieras públicas y privadas.
e) El acceso a un hogar sustituto u otras
alternativas de atención, con el fin de que se vele por sus derechos e
intereses, si se encuentra en riesgo social.
f) La atención hospitalaria inmediata, de
emergencia, preventiva, clínica y de rehabilitación.
g) La pensión concedida oportunamente, que le
ayude a satisfacer sus necesidades fundamentales, haya contribuido o no a un
régimen de pensiones.
h) La asistencia social, en caso de
desempleo, discapacidad o pérdida de sus medios de subsistencia.
i) La participación en el proceso productivo
del país, de acuerdo con sus posibilidades, capacidades, condición, vocación y
deseos.
j) La protección jurídica y psicosocial a las
personas adultas mayores afectadas por la violencia física, sexual, psicológica
y patrimonial.
k) El trato preferencial cuando efectúe
gestiones administrativas en las entidades públicas y privadas.
l) La unión con otros miembros de su grupo
etáreo, en la búsqueda de soluciones para sus problemas.
El numeral 4 incluso habla de los Derechos
Laborales y dice: Las personas adultas mayores disfrutarán de los siguientes
derechos laborales:
a) Ser seleccionadas para ocupar cualquier
puesto, siempre que sus calidades y capacidades las califiquen para
desempeñarlo. No podrán ser discriminadas por razón de su edad.
b) Contar con los horarios laborales y los
planes vacacionales adecuados a sus necesidades, siempre que tal adecuación no
perjudique la buena marcha de la entidad empleadora.
c) Disfrutar de los mismos derechos que los
otros trabajadores. No serán explotadas física, mental ni económicamente.
Asimismo, acerca de los beneficios, el Artículo
11 nos indica: Toda persona adulta mayor, mediante la presentación de su cédula
de identidad, en caso de ser costarricense o, de ser extranjera, cédula de
residencia o pasaporte, gozará de los beneficios que el Órgano rector negociará
con el sector público, los concesionarios públicos o las empresas privadas.
Sin perjuicio de otras materias, el órgano
rector gestionará, prioritariamente, convenios en las siguientes áreas:
a) Transporte público colectivo remunerado de
personas.
b) Transporte marítimo y aéreo, nacional e
internacional.
c) Descuentos en entradas a los centros
públicos y privados de entretenimiento, recreación, cultura y deporte.
d) Descuentos en el hospedaje en hoteles u
otros centros turísticos.
e) Descuentos en consultorios, hospitales,
clínicas, farmacias privadas y laboratorios, así como en servicios radiológicos
y de todo tipo de exámenes y pruebas de medicina computarizada y nuclear.
f) Descuento en los medicamentos de
prescripción médica.
g) Descuentos en prótesis y órtesis.
h) Descuentos en ayudas técnicas.
i) Tasas preferenciales de interés por
préstamos hipotecarios de vivienda.
En virtud de esta ley, se autoriza a los
entes públicos y concesionarios de servicios públicos para que reconozcan, en
sus criterios de clasificación y modelos tarifarios, los beneficios antes
enunciados, otorgándoles un puntaje especial o un reconocimiento adecuado
dentro de los demás parámetros técnicos de clasificación.
Los beneficios dejados de percibir por los
empresarios privados debido a los descuentos y las concesiones referidos en
este artículo son deducibles de la renta bruta utilizada para calcular el
impuesto sobre la renta, conforme a lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8
de la Ley de Impuesto sobre la Renta, No. 7092, de 21 de abril de l988 y sus
reformas.
Por otro lado, y siguiendo con el marco legal de protección, según datos
de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de la ONU)
para el año 2050 una de cada 4 personas en Latinoamérica, será una persona
adulta mayor.
En Costa Rica se contabilizan más de trescientas mil personas adultas
mayores, susceptibles en algún momento, de ser usuarias de los servicios
judiciales.
La edad es una de las causas que aumenta la probabilidad de presentar
algún tipo de discapacidad, sumándose a otros factores como la pobreza y la
pertenencia a minorías étnicas y religiosas, que potencian la posibilidad de
sufrir discriminación y revictimización. Esta población, que es reconocida por
las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las poblaciones en
condición de vulnerabilidad (aprobadas por la Corte Plena de Costa Rica en mayo
de 2008); cuenta con una Política para garantizar el adecuado acceso a la
justicia de la población adulta mayor, aprobada por la Corte Plena ese mismo
año, y una Subcomisión para Personas Adultas Mayores. Algunos de los objetivos
de esta política son: garantizar el reconocimiento de las personas adultas
mayores, como personas plenas de derechos y obligaciones, adecuar los servicios
institucionales a las necesidades particulares, simplificar trámites y
requisitos, promover su autonomía.
Producto de su aplicación la política ha facilitado, garantizar medidas
afirmativas idóneas, proporcionales y necesarias; contabilizar los expedientes
que corresponden a esta población, brindar un tratamiento preferente y agilizar
trámites, a través de casillas especiales para la ubicación de expedientes,
cuyo color (marrón) les caracteriza. Asimismo, sensibilizar al personal
judicial para brindar una mejor atención, incluyendo la realización de
audiencias in situ.
También nos dice que el Estado como autoridad
umbrela garante de los mismos, debe generar mecanismos que garanticen que
planes, programas, políticas públicas y cualquier trabajo que se realice para
el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores,
atiendan a los principios rectores que de manera enunciativa y no limitativa se
mencionan:
Igualdad
de oportunidades: Las personas adultas mayores sin
importar su lugar de origen, género, edad, discapacidad, condición social o de
salud, religión, preferencias, estado civil, tienen derecho a toda oportunidad
de formación y realización, así como a la alimentación, el agua, la vivienda,
vestido, atención sanitaria, oportunidad de un trabajo remunerado, educación y
capacitación, a vivir en un entorno seguro y adaptado a sus necesidades, que
privilegie su integridad física, su salud y su vida.
Participación: Las
personas adultas mayores tienen derecho a la participación activa en la
aplicación de las políticas que incidan directamente en su bienestar, a
compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes y a
formar movimientos o asociaciones.
Cuidados: Las
personas adultas mayores tienen derecho a beneficiarse de los cuidados de su
familia, a tener acceso a servicios sanitarios y a disfrutar de los derechos
humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares y en instituciones
donde se les brinden cuidados y tratamiento.
Autorrealización: Las
personas adultas mayores tienen derecho a aprovechar las oportunidades para
desarrollar plenamente su potencial, mediante el acceso a los recursos
educativos, culturales, espirituales, recreativos y a la participación
política.
Dignidad: Las
personas adultas mayores tienen derecho a vivir con seguridad, ser libres de
cualquier forma de explotación, maltrato físico o mental y recibir un trato
digno.
Acceso
a la justicia: Las personas adultas mayores tienen
derecho a ser oídas, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable
por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal
formulada contra ellas, o para la determinación de sus derechos y obligaciones
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
Se garantizará la debida
diligencia y el tratamiento preferencial a las personas adultas mayores para la
tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos
administrativos y judiciales. La actuación judicial deberá ser particularmente
expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la
persona mayor.
Enfoque
de Derechos y calidad de vida: Toda acción a favor de las personas
adultas mayores representa un cambio estructural en el diseño de la política
pública de vejez, con una visión integral de las condiciones que propicien su
desarrollo humano.
Enfoque
de ciclo de vida y visión prospectiva: El envejecimiento es
un proceso involutivo que ocurre durante toda la vida y que requiere valorar
los efectos de las acciones que se realizaron en etapas anteriores de la vida y
elaborar alternativas que consideren escenarios futuros para la población.
Por tal razón, se ha incorporado en la Ley Integral de la Persona Adulta
Mayor en su artículo 1 lo siguiente:
Los objetivos de la presente ley serán, ojo:
a) Garantizar a las personas adultas mayores igualdad de oportunidades y
vida digna en todos los ámbitos.
b) Garantizar la participación activa de las personas adultas mayores en
la formulación y aplicación de las políticas que las afecten.
c) Promover la permanencia de las personas adultas mayores en su núcleo
familiar y comunitario.
d) Propiciar formas de organización y participación de las personas
adultas mayores, que le permitan al país aprovechar la experiencia y el
conocimiento de esta población.
e) Impulsar, coordinar, orientar, ampliar, articular y fortalecer la Red
de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores
en Costa Rica, por medio del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos a Personas
Adultas Mayores (Sinca), con el propósito de asegurar la atención integral e
interinstitucional de las personas adultas mayores, por parte de entidades
públicas y privadas, físicas y jurídicas, y velar por el funcionamiento adecuado
de los programas y servicios destinados a esta población, considerando diversos
niveles de dependencia y la situación de vulnerabilidad que enfrenten.
f) Garantizar la protección y la seguridad social de las personas
adultas mayores.
Así pues, las personas adultas mayores tendrán derecho a que se respete
su integridad física, psíquica y moral. Este derecho comprende la protección de
su imagen, autonomía, pensamiento, dignidad y valores, nos dice el artículo 6
de dicha ley. También debemos integrar, porque la ley es integral, lo referente
al núcleo familiar, que en el artículo 16. Veamos lo que nos dice: En la
medida de lo posible, las personas adultas mayores deben permanecer integradas
a su núcleo familiar y su comunidad, participando activamente en la formulación
y ejecución de las políticas que afecten directamente su bienestar. Además,
deben tener la oportunidad de prestar servicios a la comunidad, en puestos
apropiados a sus intereses y capacidades.
Así las cosas, con todo este marco de inicio y sustento legal en lato
sensu, la inmensa mayoría de nuestra sociedad no respeta los derechos de las
personas adultas mayores, ¿Y por qué digo esto? Porque a menudo escuchamos,
vemos tanto en las noticias como en nuestras comunidades y nuestras propias
familias el irrespeto a los derechos de estas personas. Todos en nuestra
familia hemos tenido, tenemos y tendremos personas adultas mayores, y un día
nosotros también llegaremos a ser personas adultas mayores. Lo que pasa es que
la sociedad, especialmente la latinoamericana, ve con normalidad estas cosas, e
incluso mucha gente hace mofa y se ha visto ya como parte cultural de nuestra sociedad.
Contrario a otras sociedades donde se valora excepcionalmente a las personas
adultas mayores como lo son la sociedad europea oriental, sudeste asiático, los
países del norte de Europa, etc.
En la actualidad, aunque parece de mentiras, la violencia hacia las
personas adultas mayores se ha visto como cultura que tiene raigambre desde
abolengo. La mayoría de la sociedad normaliza esta situación y cree que
violencia es solo el abuso físico. Es por ello, que quiero comentarles que no
solo porque el ordenamiento jurídico lo indique, sabemos claramente que en
cuanto a violencia hay tipología. Veamos:
a) Violencia doméstica: Acción u omisión, directa o indirecta, ejercida contra un pariente por
consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado inclusive, por
vínculo jurídico o de hecho o por una relación de guarda, tutela o curatela y
que produzca como consecuencia, el menoscabo de su integridad física, sexual,
psicológica o patrimonial. El vínculo por afinidad subsistirá aun cuando haya
finalizado la relación que lo originó.
b) Violencia psicológica: Acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones,
comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de
intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación,
aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud
psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal.
c) Violencia física: Acción u
omisión que arriesga o daña la integridad corporal de una persona.
d) Violencia sexual: Acción
que obliga a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a
participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza,
intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier
otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal.
e) Violencia patrimonial: Acción u omisión que implica daño, pérdida, transformación,
sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de
trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos
destinados a satisfacer las necesidades de alguna de las personas interesadas, y
agrego: sean familiares o no.
Por tal motivo, es que haré énfasis en este último, ya que es el que más
frecuencia tiene en nuestro país. La violencia patrimonial no es solo la acción
u omisión en sí de despojar a una persona adulta de sus bienes o derechos, por
lo general viene precedida de la Violencia Psicológica (definida en el
acápite b anterior) o mezclada con las otras definidas anteriormente.
Al tenor de lo anterior, hay muchas personas que privan a los adultos de
derechos que les corresponde simplemente por el hecho de ser personas mayores
que quizá no piensan ni actúan como ellos o ellas. Claro está, aunque
esa persona adulta mayor tenga cierta discapacidad o encontrarse en estado de
interdicción, pero para ello se requiere una persona curadora con capacidad
para su cuido y responsabilidad a su cargo.
Es tan común escuchar a veces a los hijos, hijas, familiares e incluso personas
allegadas a las personas adultas mayores, preguntarles o simplemente insinuarles,
esto, directa o indirectamente y sin ningún reparo, por ejemplo:
“Abuelo, Abuela, Mamá, Papá”:
¿Qué espera para repartir todo?
¿Ay … yo creo que usted debería ya ir repartiendo todo, uno nunca sabe,
somos de la muerte?
Ma o Pa ya están muy viejitos, yo creo que lo mejor es decirles que repartan
o hagan el testamento.
Ay señora… es que usted está padeciendo, no sabemos lo que pueda pasar
mañana, mejor repártale a los hijos de una vez y así evita dejarle problemas…
Ma, Pa, ¿ya usted hizo el testamento? Debe tenerlo por ahí guardadillo y
no nos ha dicho nada, ja ja …
Mi viejo ya está fatal, como que huele a cala, creo que lo mejor es
decirle de una vez que haga la donación, si no después vamos a tener problemas
y no falta quien aparezca reclamando.
Pero usted está muy enferma, piénselo, es mejor que de una vez les
traspase a sus hijos.
La lista sigue y ustedes no me dejan mentir, pueden en este preciso
momento hacer una pausa y pensar muchas otras expresiones o frases que han
escuchado y sumar a este listado. Además, los mismos adultos mayores terminan
convencidos y ceden porque incluso lo hay normalizado.
Vamos a ver
- y quiero que me entiendan - no es malo que una persona adulta mayor estando
sana o enferma decida donar, traspasar o dejar testamento de sus bienes
patrimoniales a sus hijos e hijas, es un libre derecho que le asiste y está
tutelado, pero mi punto es: cuando a la persona adulta mayor se le incita
o se le obliga a testar o traspasar su patrimonio, sea de manera directa o
indirecta.
A eso es
que me refiero propiamente como violencia patrimonial que muchas veces puede
ser activa o pasiva.
El simple
hecho de estarle repitiendo espontánea o continuamente a una persona adulta
mayor que ceda su patrimonio, entendiendo que se trata de bienes, pasivos, cuentas,
legados, etc, podría estar incurriendo en el delito de violencia psicológica como mencioné unos párrafos atrás, está íntimamente relacionada con la violencia
patrimonial. Esa frase o palabras reiteradas que se dicen constantemente y que
repican como “campanita de recreo” o “aguja de reloj de pared” en el tímpano de
la persona adulta mayor hasta convencerle, no es más que violencia psicológica
y termina por obtener lo que se propone encaminado a violencia patrimonial.
Esto es una carga; así de simple, es una presión contra la persona adulta que lo que siempre
busca es tener tranquilidad para terminar sus años de una manera digna y en
paz.
Todo pasa
por LA VOLUNTAD de la persona de querer o no traspasar su patrimonio. Es un aspecto
de voluntad no de obligación y es ahí donde nos hemos equivocado como sociedad.
Incluso los mismos Abogados y Abogadas, asesores jurídicos en general,
cometemos el error y disque recomendamos a las personas adultas que traspasen,
donen, usufructúen, en fin… su patrimonio para evitar problemas a sus herederos
o recomendar el testamento y explicar el proceso sucesorio. Esto suma más carga
y presión. Es decir, no se lo explicamos de una manera correcta en el marco del
respeto del derecho y la voluntad.
¿Podemos
recomendar? La respuesta es SÍ, pero sin violentar la voluntad de las personas
adultas. Explicar, que NADIE ESTÁ OBLIGADO U OBLIGADA A HEREDAR, A TRASPASAR O
A DONAR, que lo hace por su libre y propia voluntad. Hablarle claro y puntual
que ese derecho le asiste y que se tutela en el ordenamiento civil sea
contencioso o no contencioso el proceso.
Además de
lo mencionado anteriormente, y de manera muy particular para este servidor,
considero incluso como una verdadera FALTA DE RESPETO a la dignidad y al
derecho de voluntad que las personas adultas mayores tienen. Llevándolo al
campo personal inclusive, no me gustaría y jamás lo permitiría que a mi madre algún
familiar le llegase a hacer eso, y en la medida de lo posible no lo permitiré
también con mis familiares o personas de mi estima.
Por encima
de todo, debe privar el respeto a esa voluntad sea que la persona esté sana,
con una gran discapacidad o en insania.
A la
persona se le asesora correctamente y se le respeta su derecho, se le recomienda
de una manera clara las decisiones que puede tomar, SIN SALIRSE DE LA VOLUNTAD
QUE LA PERSONA TIENE, porque esa es la esencia del respeto. Esto es, se trata
de RESPETAR LA VOLUNTAD DE LA PERSONA ADULTA MAYOR DE HACER CON SU PATRIMONIO
COMO BIEN LE PAREZCA.
El artículo
57 de la Ley Integral del Persona Adulta Mayor nos habla de las medidas de
prevención, veamos:
Para
prevenir la violencia física, psicológica, patrimonial o sexual contra las
personas adultas mayores, se aplicarán las medidas de protección y los
procedimientos ordenados en la Ley contra la Violencia Doméstica, N°. 7586, de
10 de abril de 1996. Estarán legitimados para solicitarlos, en especial los
representantes de las instituciones públicas y privadas encargadas de los
programas de atención a la persona adulta mayor, así como cualquier persona que
conozca de estos abusos.
También, se
incorporan la Ley contra la Violencia Doméstica N° 7586 y la Ley de
Penalización de la Violencia Contra las Mujeres Nº 8589 quienes aparejan las
medidas preventivas y sancionatorias. Por ejemplo:
Agresión
física: Será
sancionado con prisión de uno a tres meses quien ejerza contra una persona
adulta mayor, una acción u omisión que produzca, como consecuencia, el
menoscabo de su integridad física, cuando los daños no lleguen a determinar
algún tipo de incapacidad.
Agresión
psicológica: Será
sancionado con prisión de uno a seis meses quien, por cualquier medio, ejerza
presión psicológica destinada a degradar o manipular los comportamientos y las
creencias de una persona adulta mayor, cuando de esto resulte perjuicio para su
salud psicológica.
Explotación
de personas adultas mayores: Será reprimido con prisión de uno a dos años,
quien, abusando de su situación de poder, de hecho, o de derecho, o de un
estado especial de vulnerabilidad de la persona adulta mayor, la induzca a un
acto de disposición sobre sus bienes, derechos o recursos económicos, de forma
que importe efectos jurídicos perjudiciales para ella o sus dependientes
directos.
Cuando se
declare, en sentencia judicial firme, que en el traspaso de bienes ha mediado
explotación perjudicial para una persona adulta mayor, sin perjuicio de las
sanciones penales que correspondan, la sanción jurídica contra el negocio
comprenderá la nulidad de lo actuado.
Pues bien,
espero que este artículo les haga reflexionar y me incluyo porque uno nunca
está exento de cometer un error. Valoremos a nuestras personas adultas mayores
de una manera integral empezando por respetarle sus derechos; su voluntad a
libre elección. Ellos y ellas al ser mayores vuelven a una especie de infancia
mayor, con su amor, inocencia y bondad terminan por despojarse para ver a otros
felices. Por ello, mucha gente se aprovecha.
En la mayoría
de nuestras familias tenemos la dicha y la bendición de tener una “viejita” o
un “viejito” con nosotros. Respetemos su voluntad, démosle calidad de vida,
ellos y ellas están en una etapa muy delicada, especial y hermosa a la vez de
sus vidas, sumemos amor, respeto y solidaridad hacia esos seres tan especiales.
Son como escuelas de la experiencia y el conocimiento aplicado, aprendamos de
ellos y ellas, pero por, sobre todo, respetemos su voluntad y sus derechos porque
un día, si Dios nos deja llegar, también seremos PERSONAS ADULTAS MAYORES y estoy
seguro de que no nos va a gustar que irrespeten nuestros derechos.
FINALMENTE, LES INVITO A QUE DENUNCIEMOS TODO ACTO QUE VIOLENTE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS, EXISTEN LOS MECANISMOS JURÍDICOS, ASESORÉMOSLE CORRECTAMENTE Y EVITEMOS LA VIOLENCIA A SU PATRIMONIO. SI LO PERMITIMOS SOMOS PARTE DEL
PROBLEMA. ES UNA CONDUCTA CULTURAL QUE TENEMOS QUE CAMBIAR PARA BIEN DE LA SOCIEDAD PRESENTE Y FUTURA.
Fuentes consultadas:
- Ley Integral de la Persona Adulta Mayor N° 7935
- Ley contra la Violencia Doméstica N° 7586
- Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres N° 8589
- Estudio de la CEPAL (2018), Sandra Huenchuan, Perspectiva Regional y de Derechos Humanos
- Digitación (2023), Luis Rodríguez Morera, Abogado.
________________
Gracias por
leerme, valore el artículo, me puede escribir, estoy para servirle.
Lic. Luis Gerardo Rodríguez Morera | Abogado.
22 de marzo de 2023.
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